Esto para la renovación de los tramos Tulum-Cancún, 89 kilómetros, Las Brisas-Los Mochis, de 154.4 kilómetros, Campeche-Mérida de 165 kilómetros, Arriaga-Tapachula 236, San Luis Potosí-Matehuala 187 km y la carretera Altamira-Ciudad Victoria, con 224 kilómetros.
Las dos primeras fueron propuestas no solicitadas por el gobierno sino realizadas por estudios privados y están en preparación para su registro en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las cuatro restantes están en espera de recursos adicionales para su preparación, reveló la SCT en una presentación de finales de marzo pasado. Dichas Asociaciones Público Privadas se suman a las dos licitadas en 2016: la Querétaro-San Luis Potosí y la Coatzacoalcos-Villa Hermosa.
Tan sólo en 2016 licitaron los dos primeros proyectos de mantenimiento de carreteras de la Red Federal Libre de Peaje”. Sin embargo, ante la promoción positiva de estos proyectos en dicho año las empresas se comenzaron a interesar al igual que la banca para financiarlos. Tan sólo los cuatro proyectos presentados en marzo de este año, tienen un valor de 7 mil 792 millones de pesos, al incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Ahora el gobierno tiene que aplicar un procedimiento en cada infraestructura, opinó Edmundo Gamas, director general del Instituto Mexicano de Desarrollo de Infraestructura (IMEXDI).El experto agregó que el Gobierno debe tener claro todos proyectos desde su planeación, hasta su licitación, construcción y puesta en marcha. “Tiene que tener clara la concepción del proyecto, la planeación, la licitación, contratación, financiamiento, construcción, operación, conservación y evaluación de la infraestructura”, agregó el director general de IMEXDI.
Fuente: El Financiero/ Everardo Martínez