El derecho a la vida es universal, pero, hoy en día, tomando en cuenta que el mundo se ha vuelto mayormente urbano (la mayoría de la población mundial vive en la ciudad), no se concibe la vida sin hablar de ciudad. Por esto, hablar del derecho a la vida es hablar del derecho a la ciudad y, por tanto, del derecho a habitar en espacios de calidad, con acceso equitativo y justo a los bienes y servicios que hacen posible una vida digna para la población. Al ser parte de la ciudad, el habitante accede al derecho de vivir y convivir en sociedad, participando como actor social al construir comunidad.
La ciudad es un sistema vivo, compuesto por redes sociales que confluyen en su interior y en su entorno construido, definido por sus habitantes y su creación material e inmaterial. Sus habitantes, como ciudadanos y sujetos, participan en la vida moderna escogiendo en ella sus opciones, y se definen, de acuerdo a Wieviorka (2011), por su relación con la ciudad. El mismo autor menciona que ser sujeto implica erigirse como ciudadano reflexivo, e interesarse por la vida de la ciudad a la vez que por uno mismo. Así, el sujeto reflexivo, consciente de su vida y condiciones propias, ejerce su capacidad constructiva al actuar para promover el desarrollo de la vida en sociedad.
El reconocimiento de esta relación genera obligaciones, pero también dota al ciudadano de derechos. En este sentido nos referiremos a Touraine (2009), quien habla del derecho del sujeto a ser un ser humano con sus derechos. Partiendo de esta idea, el derecho universal del ser humano es el de vivir una vida digna, y en aras de entender la vida en el mundo moderno, se hace necesario el traslado del derecho al ámbito urbano, por lo que el ciudadano, para lograr este propósito, debe ser capaz de tener acceso a las ventajas que ofrece el vivir en la ciudad y en sociedad.
La ciudad, a nivel social, es representada por sus espacios de convivencia e interacción social. El espacio público genera inclusión o exclusión social, al igual que procesos de apropiación, mediante los cuales los espacios adquieren significación e identidad, al igual que los grupos sociales que los representan y a los cuales representan.
Plaza Bicentenario, espacio de significación e identidad en el Centro Cívico de Hermosillo. Fotografía propia (2017).
En anteriores tiempos, el origen de muchas ciudades obedeció a factores de protección, y situadas en enclaves defensivos promovían la idea del aislamiento al exterior, o bien de una separación entre los que vivían adentro y afuera, definiendo sus límites por medio de murallas y generando un proceso de exclusión. Hoy en día la ciudad no se define por murallas (al menos no físicas), pero el proceso de exclusión ha evolucionado hacia el interior de las mismas, por medio de barreras físicas o sociales, donde la igualdad de derechos no tiene un mismo reflejo para cada sector de la población.
Si bien hoy, de acuerdo a Bauman (2007), los amigos, los enemigos y, sobre todo, los extraños, se mezclan ahora codo a codo en las calles de la ciudad, la separación social se hace evidente en la definición de espacios, apropiación de otros, y derechos sobre los mismos. En este sentido, las “relaciones” que los seres humanos mantenían entre sí han sido sustituidas por “transacciones” (Sennett, 2006).
Partiendo de las ideas anteriores, iniciamos una discusión del derecho a la ciudad y la vida en sociedad, analizando los factores que han propiciado una ruptura social, y como ésta se refleja en el espacio construido o en los atributos de la ciudad, por medio de espacios fragmentados y la muchas veces cuestionada distribución del acceso a los servicios, privilegiando a unos y limitando a otros sectores de la población.
La sociedad actual o del riesgo global (Beck, 2002) ha generado, de acuerdo al autor, un deterioro del sentido colectivo, provocado por las “amenazas” que ocupan un lugar predominante al día de hoy. Sin embargo, estas amenazas no provienen ya, como épocas antiguas, del exterior, y se generan desde adentro, al interior de la ciudad, provocadas por la segregación económica y espacial, y en donde los más favorecidos temen ser despojados de sus privilegios y su calidad de vida por los sectores menos favorecidos de la sociedad.
De igual manera, estos sectores bajos o menos favorecidos ven con celo y de manera injusta la distribución del espacio, del acceso a los bienes y servicios, y de las condiciones que les permitirían una vida más digna y decorosa, provocando el conflicto social directo o indirecto, rompiendo el sentido de Bauman (2008), para quien un elemento integrante de la idea de comunidad es la obligación fraternal de compartir los beneficios entre sus miembros, con independencia de cuanto talento o cuan importantes sean.
Bajo este sentido de comunidad, Touranine (2009), también menciona que muchos tratan sencillamente de integrarse en la economía mundializada, de encontrar su lugar en ella, pero que una segunda categoría busca la protección de grupos sociales que, al no estar definidos por su función económica, se transforman en comunidades.
El sujeto ciudadano construye comunidad, y es la comunidad quien construye y da vida a la ciudad, además de identidad y sentido espacial, aportando referencias para los individuos y los grupos, ya sea para que ellos se defiendan frente a la globalización o para proyectarse de forma creativa en el futuro (Wierviorka, 2011).
Aceptando estas premisas, la identidad actual de las ciudades adopta la idea de ciudad fragmentada, por medio de barreras físicas y sociales que se reflejan, en una primera instancia, en el derecho de habitar. Una ciudad “habitable” debe serlo para todos sus habitantes. Cada ciudadano, como parte de ella, tiene el derecho de habitar la ciudad, de manera digna y adecuada, en viviendas que le proporcionen abrigo y seguridad, y en espacios de calidad que le permitan la realización de sus actividades personales, familiares y sociales, por medio de las cuales se desarrolla en su comunidad.
Pero en la actualidad vemos como algunas zonas se transforman en focos de violencia e inseguridad, y su falta de atención y de servicios genera espacios que son segregados socialmente, con condiciones físicas que no permiten su habitabilidad, mientras otros son privilegiados por su estatus y el capital simbólico y social de quienes los habitan. Para lo anterior, se requiere un proceso de redistribución y de equilibrio en cuanto a condiciones espaciales se refiere, en donde cada sector de la población tenga acceso a espacios dignos para su realización, espacios para interactuar y propiciar la vida en sociedad, donde el sujeto se desarrolle a plenitud y se integre en su comunidad.
En palabras de Wieviorka (2011), convertirse en sujeto no es salir de la vida social, es participar en ella y encontrar la realización de uno mismo. El individuo moderno, en sus dimensiones de sujeto, está socializado.
Bauman (2007), menciona que en el paisaje de la ciudad, los “espacios vetados” se han convertido en los hitos de la desintegración de la vida comunitaria compartida de una localidad. Estos “espacios vetados” se reflejan en la configuración actual de los nuevos desarrollos habitacionales, muchos de los cuales se han diseñado de acuerdo al modelo de “cerradas”, bajo el concepto de “protección”. También menciona que la finalidad de dichos espacios es dividir, segregar y excluir, en vez de construir puentes, facilitar accesos y lugares de encuentro, y facilitar la comunicación y el acercamiento entre los habitantes de la ciudad. En estos desarrollos residenciales el espacio “público” se restringe, ya que si bien es común para los habitantes del lugar, no lo es para los que no lo son, y quienes no pueden permitirse el privilegio de habitar en su interior. Se crean así una nueva especie de sitios amurallados, donde los de adentro pertenecen a un sector que de alguna manera se distingue del que está al exterior.
Espacios vetados: “cerradas” en la Colonia Montecarlo de Hermosillo, Sonora.
La infraestructura urbana también excluye. Lo podemos ver en el sentido de la movilidad urbana, la cual se refiere a la forma en que nos movemos en la ciudad (Chávez, 2012). Asegurando la capacidad de cada ciudadano para trasladarse de manera digna y eficiente, en torno a espacios públicos de calidad e infraestructura adecuada, la movilidad urbana debería permitir el acceso a los diferentes bienes y servicios proporcionados por la ciudad. De acuerdo a esto, el derecho al acceso se convierte en el objetivo principal.
Más no es el caso en la ciudad actual; los habitantes citadinos encuentran dificultades y obstáculos a diario en sus procesos de traslado. De acuerdo a los patrones espaciales, un crecimiento disperso y nodos de concentración económica, el derecho a la movilidad urbana se ha quebrantado, a través de modelos centro-periferia, bajo un desarrollo urbano orientado al vehículo automotor. Por lo anterior, los sectores más desfavorecidos, entre ellos peatones, ciclistas y personas discapacitadas, representan el sector más vulnerable de la población.
De acuerdo a Bauman (2007), separar y mantener a distancia se ha convertido en la estrategia más habitual en la lucha urbana por la supervivencia. Adoptando tal afirmación apoyamos el argumento de la segregación espacial en el sentido de la movilidad. El desarrollo de la ciudad moderna ha girado en torno al vehículo automotor, por lo que la vía pública sirve fundamentalmente a este propósito, dejando en segundo plano (si es que existe), y con un poco respeto hacia otras formas de movilidad, que en ocasiones no encuentran espacios adecuados para su correcto desarrollo.
Falta de respeto al cruce del peatón.
Para Montezuma (2009), el olvido de formas no motorizadas de movilidad responde en gran parte a una visión tercermundista donde el peatón o el ciclista representan a seres inferiores contra el automovilista, ser superior y prioritario. Esto es claramente observable en la falta de banquetas o espacios peatonales, o bien en la invasión de ellos por el mismo vehículo particular. Pareciera que el auto y quien lo posee, por su estatus o condición, ganara el derecho de ocupar la vía pública, relegando a quién no. El derecho a la ciudad y a la movilidad debiera generar un equilibrio para todos los sectores de la población, con espacios adecuados para cada sistema, sin relegar de acuerdo a su condición.
Ahora bien, la función de la movilidad es conectar espacios, y el espacio (público) articula la ciudad y a su vez a la sociedad, permitiéndole el acceso y disfrute de la ciudad. De estos factores depende en gran parte la realización personal y apropiación del sujeto en comunidad, además del sentido de identidad y pertenencia a un grupo o grupos sociales que integran la vida en la ciudad.
El espacio público es, por definición, un entorno de convivencia social, donde los servicios y actividades se distribuyen de forma eficaz y eficiente para satisfacer las necesidades del conjunto de los ciudadanos (Fundación RACC, 2008). El derecho a la ciudad y al espacio público involucra, además, el derecho a una vida saludable, a la sociabilidad en un medio ambiente adecuado, de igualdad y de respeto, donde mediante el correcto ejercicio de los derechos de unos no se vulneren los de otros. Desafortunadamente, vemos hoy en nuestras ciudades espacios poco habitables que imprimen una sensación de desconexión social, lejos, no sólo física, sino económicamente, para algunos.
Espacios habitables que privilegian al peatón. Centro Histórico de la Ciudad de México. Fotografía propia (2017).
En resumen, pareciera que la ciudad moderna, con todas sus bondades y atributos, pero también con sus defectos, lejos de generar proximidad genera distanciamiento y desintegración, entre sus espacios y entre la sociedad, y en la relación entre ambos. Hoy se vive una ciudad fragmentada, donde el conflicto por los derechos de habitar radica en que a algunos se les concede, y a otros se les niega el acceso a los privilegios que hacen posible una vida digna, libre y respetable.
Sea cual fuere la historia de las ciudades, y por muchos cambios drásticos que haya habido en su estructura espacial, aspecto y estilo en el transcurso de los años o de los siglos, siempre hay una característica que permanece constante: las ciudades son espacios donde los extraños viven y conviven en estrecha proximidad (Bauman, 2007).
El reto de hoy es generar, de manera integral, el derecho a la ciudad, para todos sus sistemas y el conjunto de su población. Lograr un equilibrio es tarea primordial, así como reconocer que a la ciudad no la deben de definir más barreras, sino sujetos capaces de actuar en comunidad, para dar forma, construir y generar ciudad, por medio de su acción individual o colectiva, formando parte de una sociedad.
Por último, debemos recordar que la heterogeneidad es lo que caracteriza a la comunidad (contemporánea) global, pero también se vive de manera local, mediante el reconocimiento y el respeto de los derechos y las obligaciones de quien pretende vivir, construir y convivir en sociedad.
No hay mejor lugar que las calles compartidas de la ciudad para descubrir y aprender.
Por: Arq. Daniel Franco Garza, M.C.
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