CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CON RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA

Transparentar la operación cotidiana de las dependencias de la Administración Pública Federal, no sólo es un deber sino una necesidad para ser más confiables, eficaces y con ello lograr mejores posibilidades de atraer inversión y por tanto más empleos.

Fuente: El Financiero/ Gerardo Ruiz Esparza

El Gobierno que encabeza el señor Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, ha promovido como principios rectores de su administración la transparencia y la rendición de cuentas a fin de poner ante los ojos ciudadanos el quehacer público, de modo que éste se evalúe, se vigile e incluso se retroalimente con propuestas. Una sociedad participativa fortalece al gobierno y lo impulsa a alcanzar sus metas.

Durante estos cinco años de gobierno, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha procurado establecer las bases para cumplir con estos principios.

Se han puesto en operación importantes medidas de acceso a la información pública que permiten a los ciudadanos conocer de manera sencilla y oportuna la información sobre las contrataciones y el ejercicio eficiente del gasto, como lo es la actualización permanente del portal electrónico a través del cual se publica la información de las contrataciones y se transmiten en tiempo real los procesos licitatorios (www.gob.mx/sct).

En dichos procesos participan testigos sociales independientes designados por la Secretaría de la Función Pública, de alto prestigio y capacidad profesional que certifican que los procedimientos se lleven con estricto apego a los requisitos técnicos y jurídicos. También intervienen notarios públicos que dan testimonio del contenido de las propuestas que presentan las empresas. Nuestra intención es que la Secretaría sea un libro abierto al escrutinio de la ciudadanía.

Por otra parte, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) la SCT ha cumplido con oportunidad al 100% sus obligaciones de transparencia y atención a solicitudes de información. Al año son atendidas alrededor de 4 mil solicitudes de acceso a la información y más de un millón de personas consultan los portales electrónicos de transparencia de la Secretaría.

A la fecha, no se ha presentado inconformidad alguna en licitaciones relevantes celebradas, salvo una con motivo de la licitación del Centro de Transporte Terrestre para el Nuevo Aeropuerto realizada por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Hasta hoy, se han realizado más de 15 mil 332 procedimientos de licitación y se han suscrito contratos con cerca de 5 mil empresas por un monto de 630 mil 797 millones de pesos.

Asimismo, la SCT ha establecido reglas de contacto entre funcionarios públicos y empresas constructoras participantes en los procesos licitatorios a través de un convenio firmado con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). Entre otras medidas sin precedente, se contempla la firma de “declaraciones de integridad y apego a la legalidad”, bajo protesta de decir verdad, así como reglas de contacto entre servidores públicos y las empresas participantes en las licitaciones.

Adicionalmente, para fomentar las buenas prácticas en la contratación pública, así como la confianza de la ciudadanía en el desarrollo y construcción de los proyectos de la actual Administración, la SCT ha impulsado y consolidado que la ejecución del Nuevo Aeropuerto de México, el despliegue de la Red Compartida de Telecomunicaciones y la construcción del Nuevo Puerto de Veracruz se realicen bajo el esquema de “contrataciones abiertas”, el cual es un modelo promovido por el Banco Mundial para transparentar y apegar a la legalidad todas las etapas de cada proyecto.

Aún con todas estas medidas tenemos claro que es necesario hacer más y reforzar dichas acciones, para lograr que la sociedad tenga más confianza y no existan dudas sobre el manejo y destino de los recursos públicos, ni tampoco sobre la conducción de los servidores públicos.

Construir obras de infraestructura implica necesariamente riesgos que las dependencias, los servidores públicos y las empresas contratadas deben asumir durante su construcción. El no hacer sería una fácil decisión para no asumir los riesgos inherentes, pero esto sería de alguna manera negligente e irresponsable. Sin embargo, imputar dichos riesgos de manera personal a los servidores públicos resultaría en principio inhibitorio de la eficiencia e incongruente desde el más elemental punto de vista legal, sobre todo, al considerar que conforme a la Ley de Obras Públicas, en su artículo 67, las empresas son las únicas responsables de la ejecución de las obras y de responder por cualquier incumplimiento, defecto u otra responsabilidad en que hubieren incurrido, de tal manera que sustituir las obligaciones legales de las empresas por las del servidor público sería un error.