El colectivo Seguridad sin Guerra, integrado por organizaciones de la sociedad civil, lamentó la publicación de la Ley de Seguridad Interior, en el Diario Oficial de la Federación, que estará vigente a partir de este viernes.
El colectivo Seguridad sin Guerra, integrado por organizaciones de la sociedad civil, lamentó la publicación de la Ley de Seguridad Interior, en el Diario Oficial de la Federación, que estará vigente a partir de este viernes.
En este sentido, las más de 250 organizaciones de todo el país integrantes del colectivo precisaron que a pesar de la declaratoria presidencial, realizada por la tarde de este jueves, sobre que no se hará ninguna declaración sobre Protección a la Seguridad Interior hasta que la ley sea analizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se podrán aplicar artículos dispuestos en la Ley que abrirán la posibilidad de violar Derechos Humanos en el país.
El artículo 26 de la Ley de Seguridad, ejemplificó el colectivo, dictamina que las autoridades federales, entre ellas las Fuerzas Armadas, podrán realizar acciones de Seguridad Interior “necesarias, pertinentes y eficaces” para prevenir e identificar los riesgos a la seguridad nacional o para “garantizar el cumplimiento del Programa de Seguridad Nacional y la Agenda Nacional de Riesgos”.
Dicho artículo abunda: “Las acciones que se realicen para identificar, prevenir y atender riesgos a la Seguridad Interior son de carácter permanente y no requieren de la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, pudiendo suscribirse los convenios que en su caso requieran”.
Además de este artículo, las organizaciones indicaron que hay otros artículos como el nueve de dicha normativa que predispone la reserva de información sobre asuntos de seguridad interior.
“Si el presidente tiene dudas acerca de constitucionalidad de la ley, lo responsable habría sido hacer las observaciones pertinentes al Poder Legislativo, como lo marca la Constitución, y no promulgar una ley peligrosa y que considera de dudosa constitucionalidad”, afirmaron.
Asimismo anunciaron que buscarán de forma decidida revocar lo que llamaron como “un golpe de un gobierno, su partido y sus aliados que cada día se alegan más de la construcción de un modelo de seguridad ciudadana que resuelva los problemas de fondo y detenga el horror de 11 años de guerra”.
A su vez, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez declaró, al término de su participación en la 43 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública que la aprobación de la ley se dio de manera apresurada sin consultar a la sociedad, además de destacar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se encuentra aún en el periodo de análisis para probablemente interponer un recurso de inconstitucionalidad, para lo cual tendrá los siguientes 30 días a partir de este viernes.
Héctor Molina
hector.molina@eleconomista.mx
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