Para implementar el SNA, la ley debe regular las contrataciones y licitaciones de obras públicas sin excepción, según un informe del Senado
Para implementar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es necesario que la ley regule las contrataciones y licitaciones de obras públicas sin excepción alguna.
De acuerdo con una investigación del Senado, la legislación debe incluir a todas las dependencias que reciban o manejen recursos públicos, sin importar si forman parte o no de la Administración Pública Centralizada.
En un documento del Instituto Belisario Domínguez se advierte sobre la importancia de que los controles sobre contratos abarquen también a las paraestatales, organismos autónomos y hasta las empresas productivas del Estado, como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“Sus presupuestos se integran con recursos públicos, es decir, se requiere que en materia de obras públicas y los servicios relacionados con ellas se amplíe la regulación para que los actos contractuales celebrados por el Gobierno Federal tengan reglas claras, precisas y transparentes para dar certeza y legalidad a las licitaciones”, se refiere.
En el análisis se considera necesario realizar las reformas para que las faltas administrativas graves puedan ser investigadas por las autoridades que integran el SNA.
El Instituto refiere que aun cuando la Constitución establece que las adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones y la contratación de obra se deben adjudicar mediante licitaciones públicas, la Ley de Obras Públicas prevé excepciones a esa regla a través de invitación a cuando menos tres personas o de la adjudicación directa.
“No se está acatando lo ordenado constitucionalmente”, se alerta en el informe.
También se refiere que la Ley no aplica a Pemex, a CFE ni a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, cuyos integrantes tampoco responden como servidores públicos en el deslinde de responsabilidades administrativas.
“Resultan contradictorias las disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas al señalar que las unidades de responsabilidades de las empresas productivas del Estado tendrán las atribuciones para actuar como autoridades investigadoras y substanciadoras para imponer sanciones por faltas administrativas no graves”, se agrega.
REFORMA publicó hoy que, durante la actual Administración, 7 de cada 10 contratos firmados con los mil principales proveedores del Gobierno se asignaron mediante adjudicación directa, es decir, sin que existiera competencia entre empresas, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
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Reforma / https://www.globalmedia.mx/
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