Si los estados de la República incumplen con la aprobación de leyes locales anticorrupción, la reforma en la materia quedará trunca y tendrá efectos limitados, alertó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
En su comentario semanal, Juan Pablo Castañón, presidente del organismo, manifestó que aún existen grandes pendientes, ya que no han llevado a cabo las reformas necesarias en todas las entidades, aún no han nombrado al fiscal anticorrupción y no han asignado recursos para su puesta en marcha, entre otros aspectos.
“Hoy, un gran porcentaje de las entidades federativas no ha cumplido con esta responsabilidad. Sin un compromiso serio de las entidades federativas, el sistema quedará trunco y tendrá efectos limitados”, subrayó el presidente del CCE.
Aseguró que los gobernadores y congresos locales deben dar prioridad a las acciones para armonizar su legislación con la federal.
Exhortó a los tres Poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno a trabajar por el fortalecimiento del sistema.
Dijo que es urgente nombrar a un fiscal anticorrupción con antecedentes ejemplares, que brinde certidumbre y confianza al sistema, y que sean aprobados los cambios a la Constitución relativos al fiscal general.
Añadió que deben designarse de manera transparente y sin criterios partidistas los magistrados que van a formar el Tribunal Superior de Justicia Administrativa y que se liberen los recursos necesarios para que el comité de participación ciudadana pueda llevar a cabo regularmente las atribuciones y actividades que le fueron asignadas.
“Si queremos un país con pleno Estado de Derecho, los poderes del Estado deben ser los primeros en respetar la normativa y plazos acordados y sancionados por ley.
“Si queremos reforzar el tejido social y fomentar el crecimiento económico con confianza, no puede demorarse más la puesta en marcha del Sistema Nacional
Anticorrupción, y cada quien debe cumplir con su parte de responsabilidad”, consideró Castañón.
Expuso que desde el sector empresarial asumen la responsabilidad de impulsar una verdadera cultura de la legalidad y cumplimiento de la ley.
“Por ello, estamos trabajando al interior del sector para fortalecer nuestro código de ética e integridad empresarial e impulsamos la incorporación de la cláusula anticorrupción en los contratos con el sector público y también entre las empresas.
“Además, trabajamos con las autoridades para identificar y mejorar procesos que son susceptibles de corrupción y con alto costo para las empresas dentro de los trámites que realizan ante las distintas autoridades”, sentenció.
El sistema anticorrupción, subrayó el líder empresarial, no es una concesión generosa a los mexicanos, un trámite más que debe cubrirse o incluso una oportunidad para cambiar las cosas en apariencia sin que nada cambie en la realidad.
“No solo la ley demanda, es la sociedad la que exige que las cosas se hagan y se hagan bien. No hay tiempo ya para más parches”, advirtió.
El Constructor. Esta nota que fue generada hace ya unas semanas, da idea de lo que se piensa y se demanda de parte del sector empresarial en general, de todas las cámaras aglutinadas en el Consejo Coordinador Empresarial, CCE. Las demandas y posicionamientos previos no fueron escuchados por los senadores, ya hasta el comité ciudadano renunció por no haberse cumplido en tiempo lo que aquí se exige por prioridad. Los poderes deben ser los primeros en respetar la normativa y plazos acordados y sancionados por Ley, nombrando a los magistrados y al propio Fiscal Anticorrupción.
Fuente: CMIC vicepresidencia de economía/Reforma/
Verónica Gascón
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