Tras confirmarse su victoria, Obrador llegó el martes al Palacio Nacional entre empujones y golpes y apenas pudo salir del vehículo. La misma escena se repitió el día de votación o la tarde del martes cuando se reunió con su gabinete y las motos de los periodistas le seguían en el coche y hasta lo entrevistaban en cada semáforo sobre donde iba a almorzar o con quien lo haría.
A este descontrol, Obrador respondió insistiendo que no usará el servicio de seguridad oficial porque tanto los ciudadanos como los propios medios se encargarán de su protección. “Me va a cuidar la gente, el pueblo, y me van a cuidar ustedes (medios) porque no me van a apachurrar, y estoy hablando de camarógrafos y fotógrafos porque me he llevado algunos golpecitos”, dijo entre risas.
Durante toda la campaña Obrador ha insistido en que no le gustan los escoltas y que no contará con seguridad personal por lo que prescindirá del Estado Mayor presidencial para protegerlos a él y su familia. La institución, tal y como anunció el día de su victoria, formará parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
“Hay una confusión de conceptos, el Estado Mayor presidencial no es para proteger al presidente sino la presidencia y la institución. ¿Qué pasa si mañana secuestran a un hijo de López Obrador y ponen como condición que libere a uno u otro capo?”, se pregunta Alejandro Hope, experto en asuntos de seguridad. “Su actitud es una mezcla de creencias mal fundadas sobre la misión de este cuerpo”, insistió. Para Hope es posible organizar su seguridad con un cuerpo discreto y bien preparado que lo proteja sin mermar “su deseo de darse un baño de pueblo”.
Surgida desde tiempos de la Independencia para proteger al nuevo presidente de México, el Estado Mayor Presidencial consolidó su poder como institución independiente a partir de los años 40 cuando se dio la transición de los gobernantes militares a los civiles, como una forma de dotar de independencia al presidente frente a las Fuerzas Armadas.
Actualmente es un órgano técnico militar que tiene como misión fundamental proteger al presidente, a su familia, a secretarios de Estado y a otras personas que, por su encomienda o situación decida el ejecutivo. Con más de 2.000 militares, nueve aviones y ocho helicópteros a su disposición, proporciona también seguridad y el apoyo logístico en la protección de dignatarios extranjeros durante sus visitas a México. También tiene la misión de coordinar la seguridad y la logística integral de las reuniones internacionales de jefes de Estado y de Gobierno, así como las de nivel ministerial organizadas por el Gobierno Federal.
Sin embargo, Gabriel Regino, subsecretario de Seguridad durante la época en la que Obrador fue alcalde de la Ciudad de México (2000-2005), apoya la disolución del Estado Mayor porque se ha convertido en un cuerpo parapolítico y paramilitar sin control ni fiscalización y con una gran influencia tanto en el ejército como en la figura presidencial. “Es una subestructura que condiciona decisiones estratégicas en función de los intereses de la cúpula que lo dirige”, señala Regino, encargado de la seguridad del nuevo presidente durante su etapa de alcalde.
Según Regino, el Estado Mayor Presidencial lo conforman mucho más de 2.000 personas y sostiene que “nunca se ha puesto el foco en ellos, pero en las últimas décadas han ido aumentando su poder. No dependen de nadie y solo responden al presidente. Hacen labores de inteligencia y contrainteligencia y ha heredado su posición década tras década. Ellos influyen incluso en quien será el titular de la Secretaria de la Defensa Nacional”, insiste.
“Su seguridad personal es necesaria y se puede hacer con un grupo de élite de la Policía Federal”, añade Regino, para quien es posible organizar un grupo sutil similar al que utilizó cuando fue alcalde y que estaba compuesto por cuatro mujeres, conocidas como Las gacelas, que se encargaban de su seguridad.
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